Los pueblos originarios mantienen la oralidad como una práctica milenaria que les ha permitido conocer y transmitir la sabiduría de forma generacional. Los saberes ancestrales son un elemento clave para mantener la armonía y la salud. En las comunidades las parteras cuentan con conocimientos sobre la medicina tradicional, los usos de las plantas y su vinculación con la salud materna; convirtiéndose en un referente para apoyar a las mujeres a aprender y mantener el autocuidado de su salud sexual y reproductiva en los diferentes ciclos de vida.
Los saberes ancestrales en el ámbito de la salud de las mujeres, es importante para los pueblos originarios y deben ser reconocidos, respetados, difundidos y tomados en cuenta en políticas públicas para dar cumplimiento a los derechos de la salud y derechos sexuales y reproductivos.
En las comunidades el Estado de Guatemala está ausente en la promoción de la salud sexual en los diferentes espacios sociales y educativos, por lo que violenta el derecho a la información sexual y orientación sexual de la niñez y juventud, es por ello que el contexto se complica y vulnera a las niñas y adolescentes porque desconocen en que momento sufren violencia sexual.
Por otro lado, en las familias indígenas no abordan el tema de educación sexual con la niñez porque sigue siendo un tabú. Por esta razón, el Estado debe ser garante para brindar toda esta información.
Sin embargo, el Estado de Guatemala en su intento de fomentar la ley 5272 sobre “la protección de la vida y la Familia” según decreto No. 18-2022 violenta el derecho a la salud sexual y reproductiva de la niñez y adolescencia, ya que promovía la limitación de la educación sexual integral en establecimientos educativos públicos y privados, haciendo que las futuras generaciones sigan condenadas a no estar informadas sobre su cuerpo.
Es lamentable, que a pesar de los índices altos de embarazos en menores de edad, el Estado de Guatemala sigue legislado leyes tradicionales y conservadoras, que solo perjudican el desarrollo de la niñez y juventud. En el país hay niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes: sólo el año pasado, 2,041 niñas de 14 años o menos dieron a luz, y el país registró más de 65,000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Por ello la importancia de que el Estado promueva leyes a favor de la vida de las niñas y adolescente, y no para limitarlas de sus derechos individuales y colectivos.
La violencia sexual pasa, dentro y fuera de la familia, y todos estos factores son parte o índicos del aumento de los índices de embarazos en niñas y menores de edad, haciendo énfasis a la información anterior de RENAP, monitoreo de Oscar abril de 2022. En la mayoría de las comunidades indígenas, menores de edad se vuelven madres no por decisión si no por la falta de información y prevención de embarazos. Las familias tienen vergüenza en abordar los temas. Por ello, las niñas y adolescentes no tienen información sobre su cuerpo. Por tal razón, el Estado debe garantizar este proceso desde el sistema Educativo para que se aborde de manera profesional y adecuada, así garantizar un mejor futuro a las mujeres adolescentes.
